Hay una escena que cada vez será más común.

Un abogado tiene un problema jurídico. Introduce información en una herramienta de inteligencia artificial. En pocos segundos recibe un borrador de demanda, contrato, concepto jurídico o escrito.

El resultado parece excelente.

Entonces aparece la pregunta verdaderamente importante: ¿quién responde por lo que acaba de producir la máquina?

La respuesta debería ser sencilla: el profesional que decide utilizarlo y presentarlo.

La IA puede escribir. La responsabilidad sigue siendo humana.

Una de las capacidades más impresionantes de la inteligencia artificial generativa es su capacidad para producir lenguaje.

Puede redactar. Puede resumir. Puede reorganizar. Puede adaptar un texto. Puede proponer diferentes estructuras argumentativas.

Y esto tiene un enorme potencial para el ejercicio jurídico.

Pero producir un texto jurídicamente convincente no significa necesariamente producir un texto jurídicamente correcto.

Una herramienta puede generar una referencia inexistente o interpretar incorrectamente una disposición. Por eso el documento generado por IA debe entenderse como un insumo de trabajo, no como una respuesta definitiva.

El abogado no puede delegar su criterio

Esta es quizá una de las reglas más importantes de la nueva práctica jurídica.

Podemos delegar una tarea. Podemos automatizar un proceso. Podemos utilizar una herramienta. Pero no podemos simplemente delegar nuestra responsabilidad profesional.

Si una IA propone diez argumentos, el abogado debe seleccionar.

Si encuentra veinte sentencias, debe verificar.

Si redacta treinta páginas, debe revisar.

Si propone una estrategia, debe evaluar sus consecuencias.

La inteligencia artificial puede multiplicar la capacidad de producción. Pero también puede multiplicar los errores si se utiliza sin criterio.

Y aquí aparece una oportunidad extraordinaria

Durante años, los abogados hemos tenido una limitación evidente: el tiempo.

El día tiene las mismas horas para todos.

La IA puede cambiar parcialmente esa ecuación. Puede ayudarnos a convertir determinadas tareas de varias horas en procesos mucho más rápidos.

Eso significa que un abogado independiente, un pequeño despacho, un estudiante o incluso una organización con recursos limitados puede tener acceso a capacidades tecnológicas que antes estaban reservadas para estructuras mucho más grandes.

Ese potencial democratizador merece atención.

La eficiencia no puede estar por encima de la responsabilidad

Una herramienta que permite producir diez documentos en una hora no necesariamente genera diez buenos documentos. Puede producir diez errores en una hora.

Por eso la pregunta no debería ser: “¿Cuántos documentos puedo producir con IA?”

Sino: “¿Cuánto puedo mejorar mi trabajo utilizando responsablemente IA?”

La diferencia parece pequeña. En realidad, es enorme.

El nuevo abogado será también un supervisor tecnológico

La profesión jurídica puede comenzar a desarrollar una nueva función.

El abogado ya no será solamente investigador, redactor, litigante, asesor o negociador. También tendrá que convertirse en supervisor de herramientas inteligentes.

Tendrá que conocer sus capacidades, evaluar sus resultados, establecer controles, verificar fuentes, proteger información confidencial y determinar cuándo una herramienta no debe utilizarse.

La competencia tecnológica comenzará a formar parte de la competencia profesional.

No deberíamos tener miedo de la IA

Deberíamos tenerle respeto. Y existe una diferencia importante.

El miedo paraliza. El respeto obliga a conocer.

La inteligencia artificial ofrece enormes posibilidades para mejorar la práctica jurídica, pero exige responsabilidad en su utilización.

Por eso mi posición no es “utilicemos menos IA”. Es exactamente la contraria:

aprendamos a utilizarla mejor.

Porque probablemente la pregunta del futuro no será si un abogado utiliza inteligencia artificial. Será si sabe utilizarla correctamente.